En las últimas dos décadas Costa Rica evidencia un esfuerzo en la recopilación, actualización y sistematización de información que permite dar cuenta sobre el conocimiento de su biodiversidad. En este mismo período se da una mayor intervención de distintas organizaciones e instituciones sobre el tema, principalmente del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el SINAC, y la Comisión para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), así como un rol más proactivo del sector académico, centros de investigación, representantes de la sociedad civil organizada, y de organismos no gubernamentales. De la misma forma, todas estas iniciativas conjuntas se unen a los esfuerzos nacionales para la implementación y cumplimiento de las metas ante la Convención de Diversidad Biológica (CBD), tras su ratificación en el año 1994.
A pesar de estos avances en el estudio de la diversidad biológica costarricense y la importancia de los bienes y servicios ecosistémicos que proveen, estudios recientes realizados con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) demuestran que hacen falta mayores y más efectivos mecanismos de intercambio de información que permitan vincular el conocimiento sobre la biodiversidad, su estado, y las tendencias y amenazas, con las medidas de gestión necesarias para lograr su adecuada conservación y uso sostenible.
En concordancia con lo anterior, en el año 2011 la Contraloría General de la República presenta los resultados de la auditoría operativa DFOE-AE-IF-12-2011 acerca de la efectividad del Estado costarricense para medir y reportar el estado de conservación de la biodiversidad del país, en donde se destacan profundas debilidades en términos de gestión y manejo de esta, que deben ser atendidas inmediatamente para mejorar el enfoque y los procedimientos aplicados en materia de ambiente y conservación.
De igual manera, se subraya la urgencia de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones en materia de conocimiento de la biodiversidad contemplados en la Ley de Biodiversidad (30 abril de 1998) y su Reglamento (11 marzo de 2008), y en la ratificación de la CBD (30 de junio de 1994).
La primera Estrategia Nacional de Biodiversidad fue desarrollada en 1999 y presentada en el año 2000, y tuvo un amplio proceso de participación en su formulación. Originalmente se estableció con una vigencia de 5 años; sin embargo, dicho lapso fue extendido, y recientemente se planteó su actualización bajo el proceso de formulación de la Política Nacional de Biodiversidad, con el propósito de alinear dicho instrumento al Plan Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas Aichi, y así responder a las necesidades actuales y prioridades nacionales para el desarrollo sostenible del país, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de su implementación.
Consecuentemente, la definición de la Política Nacional de Biodiversidad y posteriormente la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción son fundamentales para subsanar las debilidades anteriormente expuestas, y definen el marco orientador de los distintos procesos de intervención sobre la conservación, uso sostenible, distribución justa y equitativa de los beneficios, y resiliencia de la biodiversidad que se desarrollen en Costa Rica.
